Estas industrias del cartel de la leche birlaron unos 100.000 € por granja, calculan ganaderos tras sentencia

La Audiencia Nacional ha ratificado ayer la existencia del Cártel de la Leche, llevado a cabo por las principales industrias lácteas en España entre los años 2000 y 2013, según la sentencia emitida ayer. Las empresas condenadas incluyenPascual, Puleva, Capsa -que actúa bajo la marca Central Lechera Asturiana- y es la industria que más leche recoge en Galicia- Danone, Lactalis, Nestlé, Celega y Schreiber . El fallo confirma la manipulación del mercado de la leche en el país.

El presidente de Unións Agrarias, Roberto García, ha elogiado hoy la decisión judicial que reconoce la existencia del cártel, especialmente por su impacto en Galicia, donde operó entre 2000 y 2011. García advierte que este veredicto allana el camino para que más de 5,000 ganaderos gallegos, respaldados por Unións Agrarias, busquen indemnizaciones.  El sindicato estima en unos 100.000 euros por explotación la cuantía de la devolución que pueden exigir aunque, lógicamente, esto depende de la cantidad de leche entregada en su día. Se puden beneficiar todos los ganaderos que comerciaron con los condenados por entonces, sigan en activo ahora o hayan abandonado la explotación.

Además, Eskariam, una empresa especializada en reclamaciones de daños y litigios, anuncia la presentación de reclamaciones en nombre de más de 7.000 clientes a nivel estatal, ubicados principalmente en Galicia, Castilla y León, Cataluña, Asturias y Cantabria.

Las acciones ilícitas de las industrias lácteas han limitado la capacidad de los ganaderos para negociar precios libremente y han restringido la elección de clientes, argumentan los abogados involucrados en base a la setencia. Cabe destacar que las empresas condenadas pueden apelar la sentencia ante el Tribunal Supremo, aunque Eskariam sostiene que la capacidad de rebatir los hechos probados es limitada.

¿Se puede estar produciendo hoy algo similar? El ministro de Agricultura ha argumentado que no, pues entiende la Ley de Cadena Alimentaria -vigente desde hace un par de años- impide estas prácticas de raíz. No opinan igual los ganaderos. De hecho, una de las reivindicaciones de las recientes tractoradas es el desarrollo de la citada Ley. Aseguran que no se han aprobado los reglamentos para vigilar en detalle y que las inspecciones de las administraciones a las industrias son irrisiorias.

En una conferencia de prensa esta mañana, Roberto García, el veterano líder de UU.AA., resalta que más del 70% de los ganaderos afectados aún no han presentado demandas, y la sentencia proporciona una "seguridad jurídica" para que todos los que vendieron leche durante el período en cuestión ejerzan su derecho a reclamar daños y perjuicios.

García subraya que la resolución de la Audiencia Nacional confirma la sanción de la Comisión Nacional de la Competencia contra ocho empresas lácteas por pactar precios y manipular el mercado de la leche en España. A pesar de que ocho empresas fueron las señaladas, García afirma que todas las industrias se beneficiaron del cártel, incluso aquellas que no forman parte del proceso sancionador.

El presidente de Unións Agrarias estima que las indemnizaciones, dependiendo del número de reclamantes y la cantidad de leche afectada, serán al menos un 10% de lo abonado, más los intereses correspondientes. Durante el período investigado, se comercializaron en Galicia 29 millones de toneladas de leche, generando un pago de 9.000 millones de euros a un precio de 33 céntimos por litro. En juego, por lo tanto, pueden estar unos 900 millones de euros en devoluciones.

Aunque García anticipa que las industrias apelarán la sentencia, destaca que esto no impide que los ganaderos ejerzan su derecho a calcular la indemnización que les corresponde. Este caso se originó a partir de una denuncia presentada por Unións Agrarias ante la Comisión Nacional de la Competencia, con el objetivo de cambiar la forma de negociar entre la industria y los ganaderos, otorgando más poder a estos últimos. 

A pesar del tiempo transcurrido, las prácticas no han cambiado significativamente, se queja García. Los ganaderos insisten en que la Ley de la Cadena Alimentaria es positiva pero que no está teniendo el efecto esperado debido a que el legislativo no lo ha desarrollado por completo y el Ejecutivo no potencia las inspecciones a las industrias que compran leche.

Eskariam, por su parte, destaca que intervino legalmente en el proceso judicial, rebatiendo informes periciales y respaldando la resolución sancionatoria de la CNMC. El despacho de avogados explica que se centró en detallar el funcionamiento del mercado lácteo para fundamentar sus argumentos contra las defensas de las industrias lácteas cartelizadas.