El comité de bomberos acusa de coacciones a la Diputación de Lugo, que insiste en que se incumplen servicios mínimos

Continúa la tensión entre el comité de huelga de los bomberos de la comarca y la Diputación de Lugo. Los delegados de los empleados acusan al ente provincial de "coacciones", señalando que por segundo día seguido se ha informado sobre el incumplimiento de los servicios mínimos en el parque de bomberos de Vilalba.

La entidad presidida por el socialista José Tomé ha difundido un comunicado, al igual que el día anterior, indicando que únicamente dos bomberos se presentaron a trabajar en el turno de este viernes en el mencionado parque.

Adicionalmente, el empleado asignado como reemplazo para cubrir los servicios esenciales no se presentó. A pesar de haber sido notificado nuevamente, junto a otros dos suplentes, ninguno se reincorporó después de más de una hora. Paralelamente, la mitad del personal de Vilalba está de licencia médica.

La Diputación de Lugo critica a los bomberos por lo que considera una "actitud completamente irresponsable" al no asistir a sus lugares de trabajo. Por ello, se trasladó a los dos bomberos disponibles al parque de Barreiros.

Este último anuncio del gobierno provincial sigue a uno previo, emitido el jueves, en el que se advertía al grupo de bomberos en huelga, que inició su protesta en junio pasado, sobre posibles acciones legales en caso de que surjan consecuencias debido a lo que se percibe como una "estrategia planeada".

EL COMITÉ DENUNCIA "AMENAZAS" Y "COACCIONES"

En este escenario, el comité de huelga de los bomberos ha lanzado una declaración acusando a la Diputación de tratar de influir en su derecho legítimo a la huelga con estas "amenazas". El comité rechaza la responsabilidad, señalando que son los consorcios provinciales los que no están brindando sus servicios, ya que es su obligación asegurar que haya suficiente personal en condiciones de trabajo aceptables, sin recurrir a horas extras forzadas.

Los sindicatos también señalan que la gran cantidad de bajas se debe a la presión de la administración para realizar horas extras obligatorias, asignaciones de turnos con menos de cinco días de anticipación y jornadas laborales prolongadas, lo que dificulta la conciliación con la vida familiar.

Para los miembros del comité, cualquier acusación judicial debería dirigirse a los consorcios, por no proveer de manera adecuada un servicio esencial para la ciudadanía. Finalmente, el comité advierte a la Diputación que su postura actual no contribuye a resolver el conflicto que ya dura casi medio año.