¿Otra huelga para paralizar la Justicia? Paros el 17 de abril de funcionarios del cuerpo general y especial de Justicia

Una vez resuelto -aparentemente- el conflicto con los letrados de la Justicia, ahora es un nuevo grupo que integra toda la estructura procesal la que demanda la mejora de sus condiciones convocando otra huelga. 

En este contexto, el Consello Galego dos Procuradores se ofrece para mediar el conflicto y evitar más retrasos como los sucedidos desde enero, con decenas de miles de procesos afectados. 

El Consello Galego dos Procuradores se ha ofrecido a actuar como mediador en el conflicto abierto con los funcionarios del cuerpo general y especial de Justicia, que han convocado una huelga a partir del 17 de abril.

En una asamblea celebrada el lunes, según recoge un comunicado emitido este martes, los procuradores han acordado pedir "todo tipo de medidas preventivas" para evitar "una nueva paralización judicial" en abril que agudice los problemas derivados de la huelga de letrados de la administración de justicia.

El órgano que representa a los seis colegios profesionales de procuradores han advertido que esta nueva convocatoria podría causar el "colapso absoluto" de la justicia, por lo que se ofrecen como mediadores para evitar la huelga y, de este modo, "proteger el derecho a la justicia de la ciudadanía, la parte más afectada por una huelga de funcionarios".

"No se puede castigar a los ciudadanos con una nueva parálisis judicial. Los servicios públicos indispensables, como la justicia, no pueden dejar desprotegida la sociedad cada vez que se produce una discusión o un desencuentro sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios", ha indicado el Consello Galego de Procuradores.

Incide en que la huelga mantenida en febrero y marzo por los LAJ "impactó en su desarrollo profesional, reduciendo sensiblemente su actividad en Galicia, y consecuentemente sus ingresos, y perjudicando especialmente a sus clientes".

Ante el "atasco" en la tramitación de asuntos judiciales, los procuradores hacen un llamamiento a autoridades autonómicas, estatales y funcionarios a "avanzar de forma unida en un proyeto que permita agilizar la justicia para ofrecer el servicio que merecen los ciudades".

De este modo, creen que "deben prevalecer siempre el derecho fundamental de la sociedad a disponer de una tutela judicial efectiva y el derecho a la protección judicial".