La guillotina de Jácome se atasca, le ordenan recolocar a la funcionaria cesada por “tiquismiquis”

A Gonzalo Pérez Jácome le acaba de caer un aviso por doble vía. La Xunta y el Estado le ordenan recolocar en su fución de Tesorera municipal a María Belén Rodríguez Tourón que había sido reubicada como viceinterventora local. La decisión recibió la reprobación tanto del gobierno autonómico como central y ambos estamentos están de acuerdo en que las aguas vuelvan a su cauce.

Una vez que Pérez Jácome enviara a Rodríguez Tourón al puesto de viceinterventora, la Dirección Xeral de Administración pide un informe a Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, pues Rodríguez Tourón es funcionaria nacional. Las conclusiones del documento remarcaban que el cese de Rodríguez se hizo sin el preceptivo informe de la Administración del Estado, y además, no se considera correcto el nombramiento como viceinterventora.

El documento reza: “en tanto en cuanto no exista informe preceptivo y previo mencionado, la funcionaria de habilitación nacional continuará prestando funciones en su puesto definitivo de carácter obligatorio, la tesorería del Ayuntamiento de Ourense”.

Una vez que el organismo estatal envía su dictamen a la Dirección Xeral de Administración Local da Xunta, esta envía al ayuntamiento ourensano ordenando “regularizar” la situación laboral de la funcionaria según rezán “los criterios establecidos en la orden ministerial”, por tanto, devolver a Rodríguez Tourón a su puesto de tesorera.

MUCHOS DESCABEZAMIENTOS, POCA ADMINISTRACIÓN

La aplicación de la orden autonómica basada en informes de la administración central resultará en una confusión aún mayor dentro del aparato burocrático municipal. Con anterioridad a todo este asunto, Pérez Jácome aplicó la guillotina del cese sobre el interventor municipal y, una vez Rodríguez Tourón fue recolocada com viceinterventora tuvo que asumir todas las funciones del departamento de Intervención. El antiguo interventor, Gonzalo Alonso Álvarez, fue reubicado como jefe del servicio de Gestión Tributaria.

Alonso Álvarez fue cesado de sus funciones debido, según el alcalde, a que era “negligente” en sus funciones, actuaba de “mala fe” y atacaba la gestión de Jácome mediante “lawfare”. Antes de esto, un informe remitido por el Ministerio de Función Pública retiraba validez al cese de Alonso Álvarez, a pesar de esto, el alcalde de Democracia Ourensana ejecutó su amenaza.

El antiguo interventor denunció a Jácome por acoso lo que acabó en un juicio celebrado el 17 de abril y del que se espera sentencia. Alonso reclama una indemnización de 150.000 euros por «hostigamiento continuo, sistemático y persistente» por parte del primer edil ourensano.

Alonso Álvares y Rodríguez Tourón alertaron sobre supuestas irregularidades contables desde el gobierno de Pérez Jácome. Esta alerta figuraba en las alegaciones que los dos había presentando en contra de sus respectivos ceses a la vez que negaban obstruir el trabajo del alcalde y defendían su labor de fiscalización municipal. En su momento, Rodríguez Tourón señalaba que “el señor alcalde me imputa la falta de pago porque me califica de tiquismiquis, olvidando que se contrató sin crédito suficiente para la anualidad del 2023”.