Santórum alardeó de contactos policiales en escuchas llevadas a juicio por un empleado de Aduanas que niega vínculos

El único gallego a bordo del Karar reconoce que fue contratado, sin desvelar por quién, para llevar el recuento de fardos

El funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera, Pablo S.V., que está, junto a su mujer, entre los 28 acusados por el alijo de 3,8 toneladas de cocaína del MV Karar, ha negado en su declaración en el juicio que hubiera tenido relación alguna con ese transporte de droga o que conociera de algo al considerado cabecilla del grupo, Juan Carlos Santórum que, en unas conversaciones grabadas por los investigadores, presumió de tener contactos policiales.

En esta jornada del juicio, que se celebra en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, varios de los acusados (Braulio V.V., Sergio F.O., Pablo G.V., Marcos G.V. y José Y.R.G.) se han acogido a su derecho a no declarar, mientras que otros han respondido solo a preguntas de sus letrados.

Ha sido el caso de el funcionario de Aduanas, que ha negado cualquier relación con el resto de investigados o con el alijo de cocaína, alegando que, como "simple marinero" en una patrullera, no podía acceder a información sobre operativos, objetivos, zonas de vigilancia, etc.

En la vista se han reproducido conversaciones grabadas a Juan Carlos Santórum, a petición del abogado de este funcionario, precisamente para escuchar cómo Santorum y otro de los acusados se referían a funcionarios y policías, pero sin nombrar expresamente a su defendido.

En una de esas conversaciones, entre Santórum y el acusado Braulio V.V., registrada en un vehículo en las horas previas a que se produjera el abordaje del MV Karar, ambos hablan de sus sospechas de que están siendo vigilados y de que pueden surgir problemas. En ese contexto, Santórum, que reconoce que algo "huele a chamusquina" y que cree que los policías "saben algo", afirma que puede "tocar" a alguien en Udyco o en Aduanas, pero advierte de que, "cuanto más se toque, más hay que pagar".

Asimismo, hablan de varios jefes policiales y de quién está al mando, y Santórum insinua que puede "tocar" a alguno de ellos, aunque "hay otro por encima que manda más". "A ese puedo tocarlo", añade, en alusión a una persona identificada como "Bigotes" y que, según el funcionario de Aduanas encausado, puede tratarse del exjefe de GRECO detenido en Vigo a principios de abril e investigado por un juzgado de Murcia por su supuesta vinculación con redes de narcotráfico.

EL MATRIMONIO PROCLAMA SU INOCENCIA
El funcionario acusado ha explicado ante la sala que, además de su trabajo en Vigilancia Aduanera, tenía ingresos por actividad de promoción inmobiliaria y por la explotación de unos viñedos familiares, lo que explicaría los ingresos en efectivo en su cuenta bancaria.

Igualmente, su mujer, Mónica F.L., ha proclamado su inocencia y ha explicado que era Pablo quien gestionaba la cuenta conjunta y que ella nunca le pidió explicaciones sobre los movimientos de dinero. "Siempre confié en su palabra y en su gestión", ha señalado, antes de explicar que, cuando fue detenida en Madrid, se encontraba allí para acudir a una cita médica.

Por otra parte, ha respondido a las preguntas de su abogado el acusado Ismael C.B., que se encuentra en prisión preventiva por otra causa (también por narcotráfico) y ha negado tener relación alguna con el resto de investigados o con el alijo del Karar. Según su testimonio, cuando fue detenido tenía graves problemas de adicción a las drogas y sigue actualmente en tratamiento psiquiátrico.

EL TRIPULANTE GALLEGO RECONOCE LOS HECHOS
En la jornada de este miércoles también ha prestado declaración el único gallego que fue detenido a bordo del MV Karar, José Manuel B.G., que ha reconocido los hechos y ha confesado que, efectivamente, viajó a bordo del barco con la finalidad de contar los fardos cuando fueran cargados y cuando fueran descargados.

Según ha relatado, en diciembre de 2023, una persona le propuso trabajar en un barco que saldría de Panamá, pero no ha querido desvelar quién fue esa persona, ya que no está encausada, y también ha explicado que fue esa persona la que le proporcionó unas coordenadas para el alijo.

A principios de marzo este acusado, que negó conocer al resto de procesados, llegó al país centroamericano y allí se reunió con el ciudadano nepalí (afincado en Colombia) Yagat Lama, con el capitán, y con el segundo oficial, que era el encargado de mantener las comunicaciones y recibir instrucciones desde tierra mediante teléfono satelital.

Tras zarpar desde Panamá, el MV Karar se encontró a principios de abril frente a las costas de Colombia con dos lanchas que transportaban la droga, y los tripulantes cargaron los fardos a bordo. Según el recuento de José Manuel B.G. había un total de 154 fardos, que fueron guardados en un tanque de lastre cerrado con tuercas, en las que este procesado colocó un hilo para saber si alguien entraba en el tanque. Según ha explicado, ese tanque no se abrió en ningún momento durante la travesía y hasta el abordaje por parte de las fuerzas policiales.

Cuando el Karar navegaba cerca de Azores, el segundo oficial recibió una llamada vía satélite para concretar las coordenadas del alijo, que debía hacerse en la madrugada del 25 de abril, pero esa operación no se produjo porque el buque fue abordado antes.

Finalmente, ha explicado que, cuando fue detenido a bordo, él mismo entregó a los policías el papel con las anotaciones de las coordenadas. "Ya me di cuenta de que estaba perdido", ha señalado, antes de reconocer que espera que su colaboración y su declaración le ayuden a rebajar la pena de prisión, aunque matizando que no tiene "ningún acuerdo" con la Fiscalía ni con el resto de partes.

El juicio por estos hechos se reanudará el próximo 14 de mayo, a la espera de que el principal testigo de la acusación, el exjefe de GRECO investigado en Murcia, reciba el alta médica y pueda prestar declaración. De no ser así, la sala ha determinado que la vista continuará con la declaración del resto de testigos.

Los 28 procesados se enfrentan a penas que van desde 13 años y medio a 19 años y medio de cárcel, por los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. A mayores, a uno de ellos se le imputa también un delito de tenencia ilícita de armas, y al matrimonio uno de blanqueo de capitales.