Docenas de parques eólicos podrían ser anulados en Galicia el próximo año

Xunta, patronales y algunos sindicatos llevan meses alertando que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia está poniendo en peligro la industria eólica. Miles de millones de inversión y miles de puestos de trabajo están en juego, dicen.

Temen que, con los mismos argumentos usados en cuatro sentencias de este año, los jueces acaben suspendiendo los permisos de muchos de los setenta, aproximadamente, parques eólicos que aprobó la Consellería de Industria en 2022. 

¿Tienen fundamento estos temores? Según ha podido contabilizar Galiciapress, ya hay una veintena de parques eólicos que están cerca de entrar en los juzgados.

El abogado Borxa Colmenero Ferreiro, del buffete Xoán Antón Pérez Lema - Avogados e Consultores, explica a esta redacción que están llevando recursos de alzada contra, aproximadamente, 15 parques eólicos. 

Estos letrados son los que acaban de formalizar ante el TSXG el recurso judicial contra el Parque Eólico Campo das Rosas, uno de los criticados por los organizadores de A Rapa das Bestas. Colmenero reconoce que no todos los que preparan un recurso de alzada acabarán llevando el asunto a la justicia, pero estima que algunos sí daran ese paso. 

A estos 15 pleitos potencialmente próximos que lleva el citado bufete hay que sumarles, los recursos judiciales que está preparando el colectivo ambientalista ADEGA.  Los ecologistas llevan meses con campañas de donaciones para recaudar fondos. Según figura en su web, ADEGA ya ha logrado el dinero necesario para recurrir 19 instalaciones. Además, mantiene abiertas donaciones para otros siete. 

Por su parte, Colmenero explica que, además de unos 15 recursos de alzada, asesoran en alegaciones administrativas -fase previa al recurso de alzada- contra otros 15 parques eólicos. 

Así las cosas, probablemente el TSXG recibirá en los próximos meses varias docenas de recursos contra  arques eólicos. Por lo tanto, los temores del sector eólico gallego tienen fundamento, al menos en lo que al número de recursos se refiere.

Los plazos para la presentación de los recursos dependen de cuándo se publicó el permiso de cada parque. En la mayoría de los casos, se estima que a finales de septiembre podrían empezar a presentarse muchos.

Hay que tener en cuenta que hasta ahora los jueces han decidido en contra de las empresas. Aún ayer el TSXG informaba  que revocaba la utilidad pública de terrenos expropiados para un parque eólico Corme, en Ponteceso.  El de Corme es uno de los cuatro parques cuyo permiso ambiental ya había sido suspendido por una sentencia del TSXG.  

NO SOLO RECURREN LOS ECOLOGISTAS

¿Quiénes están recurriendo los permisos para los parques eólicos? Los cuatro parados provisionalmente por el TSXG fueron recurridos por los ecologistas de ADEGA.

El recurso contra el parque das Rosas es iniciativa de dos ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, A Estrada y Cerdedo-Cotobade, lo que es políticamente muy significativo porque la Xunta también está gobernada por el PP. Colmenero indica que entre los clientes asesorados en fase administrativa y que valoran llevar instalaciones a los tribunales hay ayuntamientos de todos los colores, gobernados por el PP, PSOE o BNG.  

 Además entre los posibles recurrentes hay, lógicamente, colectivos vecinales, coordinados a través de la plataforma Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (ACOUGA). 

El letrado indica que no puede concretar cuántos recursos se acabarán formalizando, pues el coste es considerable. Así, explica, solo uno de los informes periciales a aportar podría tener unos 6.000 euros. De haí que ADEGA y otros colectivos lleven meses pidiendo donaciones para afrontar la pelea judicial. Para cada pleito, estos ecologistas han pedido entre 7.300 y 6.100 euros.

Lógicamente, por mucho que todos los precedentes hasta ahora hayan sido contrarios a los intereses de las empresas, nada garantiza que el TSXG falle siempre en el mismo sentido. El propio Borxa Colmenero indica que cada caso es diferente y admite que hay proyectos que, en apariencia,  fueron tramitados correctamente por la Xunta.

Con todo, la patronal eólica, la de la construcción, el sindicato UGT, el sindicato CC.OO. y otros actores sociales han advertido que el TSXG está poniendo en riesgo el desarrollo del sector con criterios políticos, no jurídicos. Sin nombrarlo, están atacando a Luis Villares, ex-líder de los rupturistas de En Marea, que ha vuelto al TSXG tras su paso por la política. 

Villares, que como líder de En Marea fue crítico con los molinos, fue el ponente de alguna de las cuatro sentencias contrarias a los parques; pero hay que tener en cuenta que no de todas y, además, ninguno de sus compañeros de Tribunal votó en contra. Además, la justicia rechazó los intentos de algunas empresas de apartar al juez de estos pleitos.

Polémicas gallegas al margen, todos saben que será el Tribunal Supremo quien decida finalmente.  Mientras tanto, es evidente que la inseguridad jurídica no favorece atraer inversores a Galicia. 

Además, los críticos con las decisiones del TSXG indican que las sentencias del Supremo podrían llegar demasiado tarde. Los parques que no estén en pleno funcionamiento dentro de un plazo determinado pueden acabar perdiendo su derecho de conexión.

¿Cuál es el recorrido judicial que pueden tener por delante los parques eólicos que previsiblemente se recurrirán en las próximas fechas? Colmenero indica que, habitualmente, el TSXG tarda un año aproximadamente en dictar una sentencia, que después puede ser recurrida ante el Supremo, donde el pleito puede prorrogarse otros dos años. 

Varios años de proceso judicial que, teniendo en cuenta además los problemas que hay de suministros, llevarían a muchos parques a perder su derecho de conectarse a la red. Se convertirían, por lo tanto, en papel mojado.

Dada los precedentes, es de esperar que el tribunal gallego falle contra las eólicas por lo menos en algunos casos. Con estos mimbres, las esperanzas de las empresas del sector pasan porque el Supremo rectifique los criterios del TSXG y que, además, quien gobierne España en 2024 dicte prorrogue los plazos de conexión. Tal hipotética decisión política sería muy bien recibida por los industriales, pero levantaría ampollas en algunos municipios.

Son varios los criterios que el TSXG ha usado en sus fallos contra los molinos. Uno de ellos es la fragmentación de las instalaciones, una supuesta triquiñuela de las empresas para dividir grandes proyectos en varias instalaciones más pequeñas, que comparten infraestructuras. Otro de los puntos a discusión es si la Xunta ha cumplido el plazo correcto a la hora de exponer al público los proyectos.