Luis Villares, juez y ex-político, en el centro de la polémica sobre parques eólicos parados en Galicia

Luis Villares, ex-líder de En Marea y magistrado del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Este es el nombre que casi nadie se atreve a pronunciar, pero que todos saben está en el epicentro de un conflicto clave en el futuro de la energía eólica en Galicia.

El motivo es que el magistrado ha participado en varios pleitos que paralizaron parques eólicos. Por ejemplo,  en la reciente paralización de tres parques eólicos en Coristanco y Carballo y en la anterior paralización del parque de O Iribio, que el año pasado ratificó la instancia superior, el Supremo.

En su etapa como político, Villares apoyó publicamente a algunas plataformas críticas con algunos proyectos de énergía éolica. Por ejemplo, a los vecinos críticos con el parque de O Iribio.

El conflicto no se ciñe a éste u otro parque, es de magnitud mayor. Los razonamientos jurídicos en la sentencia de O Iribio -que la autorización supramunicipal concedida por la Xunta fue fraudulenta- y en las sentencias de Coristanco -que la Xunta tramita proyectos diferentes fraudulentamente porque comparten infraestructuras por lo que en realidad son el mismo parque,que debería tramitar el Estado y no Galicia - están siendo utilizados por ecologistas y ambientalistas para intentar paralizar docenas de centrales.

Por ejemplo, los ecologistas de Adega están pidiendo dinero para los pleitos contra parques eólicos en O Courel, Os Ancares e o Macizo Central Ourensán, como el  parque eólico Paraño Oeste, en Beariz y Forcarei.

Como era de esperar, la Xunta y la patronal eólica cargaron contra las sentencias. No se atrevieron a citar explícitamente al juez, pero sí pusieron en duda la independencia del tribunal. El malestar con el ex-líder de la izquierda rupturista gallega mana a borbotones poco que se rasque entre los  empresarios del sector, consultados con Galiciapress.

En defensa de Villares saltó la sección gallega de Juezas y Jueces para la Democracia, el colectivo más progresista de los tres principales que hay en la magistraturas gallegas y españolas. La asociación criticó "el ataque personal a un órgano judicial entero a través del ataque a un magistrado de los que conforman la sala".

Jueces para la Democracia recuerda -también sin citar explícitamente a Villares- que algunas promotoras pidieron expulsar al ex-diputado del tribunal, pero que el resto de jueces no atendió sus razonamientos. Le recuerdan a los empresarios que las sentencias que tumbaron los parques fueron "dictadas con el unánime voto de ellos, y no con el voto ni principal, ni decisivo de quién es blanco de tan gratuito ataque". De paso, indican que recurrir autorizaciones ambientales ante la Justicia es una de las herramientas que tienen los ciudadanos para defenderse de posibles abusos de actores más poderosos, como son la Xunta y las energéticas.

CAMPAÑA CONTRA VILLARES

Hay tanto en juego -Galicia vivió estos años tal avalancha de peticiones de parques que la Xunta tuvo que establecer una moratoria porque no daba sacado el papeleo adelante-, que ha provocado algo muy inusual, una campaña de comunicados de sindicatos y de otras patronales apoyando el punto de vista de la asociaicón eólica.

Primero fue CCOO Industria quien pidió "seguridad jurídica" y de pasó cargó contra "determinadas asociaciones de dudoso interés ambiental".  Términos muy similares a los usados hace tres días por UGT Galicia, que reclamó seguridad jurídica "para un sector que puede trae importantes retornos" a Galicia. El sindicato argumenta que el país puede perder este tren si los proyectos, tras pasar el "largo" examen de la Xunta, quedan empantanados, a la espera de la decisión final de los tribunales.

Un punto de vista semajente al de patronales como a Federación Galega de Construcción, que acaba de alertar del riesgo de pérdida de empleo. Este colectivo de empresarios recordó las cifras de la Asociacion Eólica, que hablan de una paralización de una inversión de 2.400 millones y una afección cercana a los 6.000 puestos de trabajo en el período 2023-2026.

No todos los sindicatos opinan igual. Por ejemplo, la CIG, que de los tres mayoritarios es el que tiene más delegados en Galicia, no ha apoyado el punto de vista de la patronal. Es más, esta central nacionalista se ha sumado a una de las críticas de los ecologistas, algunos de los cuales también están próxioms al nacionalismo. Apoyan el argumente de que, según dicen ellos, el nuevo marco legal para las nuevas peticiones de más  parques -la citada moratoria acaba de expirar- es ilegal porque concede demasiado peso a las empresas en el proceso de autorización ambiental, en detrimento de los funcionarios públicos.

Desde el ámbito político, el diputado del PSdeG Pablo Arangüena ha acusado a la Xunta de no ser capaz de encajar la "paliza judicial" que le está metiendo el TSXG. El Bloque, otrora rival de un Villares que encabezaba las mareas, ha denunciado una "campaña de ataques" contra el tribunal y augurado una "cascada" de denuncias ante la "irregularidades" de las autorizaciones ambientales aprobadas, que, en opinión de su  diputado, Luis Bará, a menudo son "un churro".

CINCO PARALIZACIONES EN MEDIO AÑO

Solo en lo que va de año, el TSXG ha suspendido de forma cautelar para construír un parque eólico en Zas e Santa Comba (A Coruña), llamado Lagoa II;  anuló el de Parque do Roncudo en Corme por reducir lla Xunta  ilegalmente el plazo de alegaciones ambientales; anuló la autorización  a Greenalia (empresa donde, por ceirto es directiva la ex-conselleira de Medio Ambiente Beatriz Mato) para construír el parque eólico Bustelo en Coristanco y Carballo y anuló los permisos de los vecinos parques de Campelo y Monte Toural, también  Coristanco y Carballo. 

En las anulaciones de los parques de Bustrlo, Toural y Campelo el ponente de la sentecia fue Villares, pero no hubo ningún magistrado que votase en contra de sus dictámentes, que demostraron que la Administración fragmentó irregularmente los parques.

La Xunta ya ha anunciado que recurrirá ante el Supremo y es probable que también recurran las energéticas. ¿Qué perspectivas tienen ante el Supremo? En uno de los precedentes más próximos, el del parque de O Iribio, aquel parque al que Villares se opuso públicamente, cuando era político el Supremo confirmó el criterio del TSXG.